El "boinazo" y los "ejercicios de enlace" fueron sindicados como claras expresiones de poder del general (R) Pinochet para silenciar la investigación respecto a la recepción de tres cheques por 971 millones de pesos girados por la Comandancia en Jefe del Ejército de Chile a nombre de su hijo Augusto Osvaldo.
Pinochet hijo actuó como intermediario de la institución armada para la compra de la fábrica de armamentos Valmoval. Por tal motivo, en octubre de 1990 una comisión de la Cámara de Diputados inició una investigación.
El 20 de diciembre de 1990 tuvo lugar el famoso ejercicio de enlace con el que supuestamente Pinochet hizo sentir su rabia por la fiscalización de los parlamentarios.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó en abril de 1993 un requerimiento ante el Quinto Juzgado del Crimen de Chago para que se investigara el caso, tarea que recayó en el juez Alejandro Solís.
El Ejército reaccionó y el 28 de mayo, mientras el Presidente de la época, Patricio Aylwin, se encontraba en el exterior, contingentes militares salieron a la calle.
La señal más evidente fue los boinas negras que rodearon el edificio de las Fuerzas Armadas. En su interior, Pinochet se reunió con 38 generales para analizar la situación, considerada la mayor crisis cívico-militar de los gobiernos de la Concertación.
El 1 de julio de 1993, el juez Solís se declaró incompetente y remitió los antecedentes al Segundo Juzgado del Crimen de Santiago.
Mientras el informe de la Cámara Baja desligó de toda responsabilidad a Pinochet padre, el ex Presidente Frei pidió al CDE, en 1995, desistirse de solicitar el procesamiento de Pinochet Hiriart.
